Por Daniel Antonio Spinato
El presidente Milei y sus funcionarios sostienen el relato de una Argentina que “vuelve al mundo”; sin embargo, al observar de cerca, el panorama resulta alarmante. Como ciudadanos, es imperativo cuestionar tanto el rumbo como la capacidad de quienes nos dirigen, ante lo que parece un abandono sistemático de lo que realmente importa: nuestra gente y nuestro territorio. Después de todo, somos nosotros quienes sostenemos sus salarios mediante nuestros impuestos.
Un liderazgo nacional errático y desmesurado
La investidura de un Jefe de Estado exige templanza. No obstante, la gestión actual se caracteriza por conductas agresivas, reacciones ciclotímicas y un centralismo que castiga sistemáticamente la disidencia. Un líder que se desplaza al vaivén de sus arrebatos emocionales no solo pone en jaque la diplomacia, sino que arriesga la estabilidad de la nación, exponiéndonos como un flanco vulnerable ante potencias extranjeras.
El presidente Milei dista de ser un estadista capaz de conducir una nación. Su gestión evidencia una falta de tacto y timing, una incapacidad para la escucha y una impulsividad que explora los límites de la salud mental necesaria para el cargo. Naturalmente, estas condiciones dificultan la claridad y el discernimiento que se esperan de un verdadero patriota.
La situación en la Patagonia es un ejemplo contundente. La existencia de la base china (“Estación de Espacio Lejano”) en Neuquén y el radar en Tierra del Fuego —operado por una subsidiaria de la británica LeoLabs— son muestras de una soberanía en jaque. A esto se suma la extranjerización de vastas extensiones de tierra y los conflictos territoriales irresueltos, configurando un escenario de desprotección territorial.
Resulta evidente un nivel de cinismo e hipocresía preocupante:
- Un mandatario que basó su campaña en la “destrucción del Estado” mientras realiza constantes viajes internacionales financiados por el erario público.
- Un líder que prometió eliminar el Banco Central y no lo hizo.
- Una ola de despidos en la administración pública, ejecutada sin auditorías previas ni fundamentos claros.
Todo ello demuestra una gestión más enfocada en el impacto efectista que en la eficiencia institucional.
La “casta”: más vigente que nunca
El drama ciudadano radica en quedar atrapado entre un ajuste brutal y una clase política que —independientemente de su signo— logra siempre preservar sus privilegios. Mientras la sociedad se hunde en la pobreza, la Justicia parece no ser ni ciega ni honesta, permitiendo que el Estado siga siendo un botín para unos pocos.
Un país no se recupera entregando su territorio ni se defiende mediante gestiones que sirven para acomodar parientes y amigos. Tristemente, Argentina transita una realidad tortuosa donde sus dirigentes se mueven entre arreglos turbios y discursos burdos.
En este sentido, la actual fórmula presidencial no parece distar de las prácticas que tanto criticaron en sus predecesores.
En materia económica, Argentina debería comerciar con el mundo entero bajo un criterio de igualdad, favoreciendo el crecimiento de la industria nacional y el avance de las empresas locales. El comercio no debería admitir favoritismos; debería regirse por un estricto criterio comercial atento a la oferta y la demanda, sin “hijos y entenados”.
El ajuste lo paga el vecino, no el político
Mientras el Gobierno celebra planillas de datos cuya interpretación es, cuanto menos, subjetiva, la sociedad se encuentra descreída y sometida a una existencia marcada por la incertidumbre y el deterioro de la salud mental.
- La clase media, el nuevo pobre: familias que antes lograban estabilidad hoy se debaten entre cubrir servicios básicos, alquileres o alimentos.
- Inflación de cartón: el discurso oficial habla de una baja inflacionaria, pero las facturas de luz, gas y transporte desmienten el relato.
Si algún funcionario cree que al ciudadano común le consuelan las cifras del PBI o el Riesgo País, es porque vive en una realidad paralela. Las estadísticas oficiales no reflejan la inflación diaria que enfrentan quienes no pertenecen a la jerarquía política o judicial.
Argentina parece estar en caída libre: el desempleo crece, las grandes empresas cierran, las PyMEs agonizan y los comercios barriales desaparecen.
Una reflexión sobre la legitimidad y el mandato
Finalmente, surge un interrogante que desafía las convenciones políticas tradicionales. Existe un consenso generalizado que sostiene que, en un sistema democrático, un presidente debe terminar su gestión obligatoriamente en los plazos previstos por la ley.
Sin embargo, cabe plantear una postura diferente y más pragmática: la institucionalidad no puede ser un cheque en blanco para el sufrimiento social.
Si una gestión, en el ejercicio de su poder, está infligiendo un daño profundo e irreparable a la estructura de la sociedad, a su soberanía y a la salud mental de sus habitantes, la permanencia rígida en el cargo se vuelve una condena.
La democracia debería ser, ante todo, el bienestar del pueblo; si el cumplimiento de un mandato implica la destrucción de la nación, lo más sano para la República sería que esa gestión concluya antes de que el daño sea total. La estabilidad de un calendario electoral no debería valer más que la supervivencia de la gente que lo sostiene.
