LA REALIDAD DEL SISTEMA PREVISIONAL DE TIERRA DEL FUEGO NO ES COMO LA CUENTAN

Por Daniel Spinato

El sábado 11 del corriente mes y año leí en la columna de opinión del Diario del Fin del Mundo, una nota que lleva la firma de la Sra. Graciela Arrueta, Vicepresidente de la Caja de Previsión de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. La misma me merece las siguientes consideraciones:

En primer lugar sería importante dejar en claro que la situación lamentable de la Caja de Previsión de la Provincia de Tierra del Fuego se debe a la mala gestión de los funcionarios de los poderes del estado que a lo largo de los años han tenido la responsabilidad de velar por los intereses del organismo previsional y no lo han hecho, gozando de total impunidad.

Hubo épocas en que la caja era superavitaria, el dinero sobraba pero la responsabilidad estaba ausente, pues con el dinero de todos cualquiera toma decisiones, así por nombrar un hecho, se perdieron millones de dólares sin que ello tuviera consecuencias más que sobre la masa de jubilados.

Es demasiado evidente que si llegamos a la condición actual, es debido a la impericia y la mala administración de los fondos, por parte de todos los involucrados con poder en la toma de decisiones. Funcionarios que fueron partícipes necesarios de decisiones incoherentes, irrespeto por las normas y su espíritu y reformas jubilatorias destinadas a otorgar jubilaciones a quienes no reunían los requisitos estipulados son una prueba palmaria, ya que como bien dice la Sra Arrueta hay personas que se han jubilado con tan solo 5 años de aporte a esta caja. Estas acciones al margen de todo sentido de la responsabilidad no hubieran sido posible sin la connivencia de los tres poderes del estado.

En cuanto al fondo solidario, lo primero a definir es qué significa solidario, ya que no estuvo nunca en mi voluntad el ser solidario para hacerme cargo de una parte de los desmanejos de aquellos que nos han gobernado haciendo gala de una escasa calidad intelectual y notoria ausencia del sentimiento del deber como funcionarios del estado.

Respecto del 82% móvil, no se ha instalado ningún mito, simplemente lo distorsionaron de tal manera que ha sido eliminado; no soy abogado pero es claro para mi que se han vulnerado los derechos de los jubilados. Yo me jubilé en el año 2008 bajo los parámetros del art. 46 de la Ley 561, luego reformado por la Ley 742, que para no extenderme dice “La movilidad se efectuará en forma automática cada vez que los haberes del personal en actividad dentro de las administraciones indicadas sufran variación”. Habría que recordarles a los integrantes del actual poder ejecutivo y a los legisladores que apoyaron la última reforma, que uno de los principios elementales que rigen la aplicación de la ley y a un estado de derecho, es la irretroactividad de las normas que se expidan, dicho de otra forma, no se pueden alterar las condiciones en que una persona se ha jubilado, ya que las leyen no deben tener efecto hacia atras en el tiempo.

Ajustar semestralmente las jubilaciones no es respetar el 82% móvil tal como estaba estipulado cuando nos jubilamos, sobre todo en una situación de galopante inflación e inestabilidad económica como la que continuamos atravesando, asi que por favor, si nos van a faltar el respeto, traten de esmerarse un poco más, cultiven la lectura y nutranse de argumentos que no den vergüenza.

Podría escribirse mucho sobre la caja de previsión de Tierra del Fuego y por ejemplo, la cantidad de juicios que han perdido por inoperancia y mala actitud de sus funcionarios, sin embargo de ello no se habla.

Nuestra sociedad atraviesa una etapa de fuertes desequilibrios de distinto orden, que no permiten ver con claridad cuál es el camino a seguir, y el resultado es una clase política (con pocas y honrosas excepciones) que no reune los requisitos de idoneidad y por lo tanto carece de autoridad moral. Una sociedad que no premia la autoridad sustentada en la idoneidad, produce políticos que no entienden que el mérito está en ser y no en parecer.

Las nuevas generaciones deberían comprender que es necesario respetar la virtud y el mérito antes que los cargos y las influencias. El mérito se conquista por la virtud y sobrevive los embates de aquellos que lo niegan, en cambio el rango es adventicio, es decir no es natural ni propio, y su valor navega al vaivén de las opiniones de los demás, por eso es efímero.

Los jubilados de Tierra del Fuego y de todo el país, hemos sido perjudicados sistemáticamente por distintas administraciones sin ningún remordimiento. Vivimos en una nación en la que cualquiera, independientemente de sus condiciones personales, idoneidad, formación y trayectoria, puede acceder a un cargo político, cometer desmanes e irse a su casa sin tener que hacerse cargo absolutamente de nada, y peor aún, en muchos casos aun siendo realmente impresentables, logran jubilarse sin que su producción haya tenido el mérito suficiente para justificar el beneficio.

Quienes levantan la mano en un recinto legislativo, deberían pensar que ser mansamente disciplinado y resignadamente sumiso, no solo engaña y defrauda a quienes confiaron en ellos, sino que también es una forma de hipocrecía que envilece la función para la que fueron electos.

Cada individuo y la sociedad toda se condicionan recíprocamente merced a sus acciones y no se puede cambiar el destino de un país si no nos cobijamos al amparo de la disciplina y la educación como ejes fundamentales de un verdadero estado democrático.

Una sociedad que no cuida y valora a sus mayores es una tierra con destino incierto y esta es una premisa que deberíamos considerar seriamente si aspiramos a convertirnos en un país digno de ser vivido.

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